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He leído con atención el
“Mensaje al Congreso ante planes de uniones entre homosexuales” firmado
por Monseñor Hugo Barrantes y publicado en La Nación del 8 de setiembre
del año en curso, y no me ha sido posible dejar de reaccionar ante tal
comunicado, por lo que agradezco que La Nación me permita compartir mis
comentarios.
El punto central del
planteamiento presentado indica que la legalización de las uniones
homosexuales constituiría una amenaza a las instituciones del matrimonio
y de la familia. En medio de una serie de puntos aparentemente
coherentes, el Obispo presenta varios argumentos falaces. Vale la pena
comentar algunos de ellos.
1.
La amenaza a
la familia.
¿Existe una amenaza real a la institución de la familia? De aprobarse
esta legislación, ¿habría menos matrimonios entre la población
heterosexual? ¿Perdería en algo la Iglesia su capacidad para continuar
enseñando a sus fieles su doctrina? ¿Dejarían los matrimonios de tener
su “naturaleza particular, de propiedades esenciales y de finalidades
innegables”? Indudablemente no. Entonces, ¿cuál es el temor?
Ciertamente la aprobación legal de las uniones entre personas del mismo
sexo abriría un espacio para una sociedad más abierta y pluralista. ¿Es
esto lo que teme la Iglesia?
Si hay algo hermoso y
productivo en la humanidad es su diversidad. Muchas sociedades así lo
han reconocido y han abierto su espacio para la convivencia de sus
ciudadanos, independientemente de sus diferentes rasgos y orientaciones.
Sin embargo, la posición por la que aboga Monseñor Barrantes pareciera
cerrar las puertas a todos aquellos que difieran de los principios
oficiales de la Iglesia, representados en este caso por la minoría
homosexual. Y lo que es peor aún, indirectamente se hace un llamado
para que los diputados impongan esta falta de apertura sobre la sociedad
costarricense.
2.
Una
discriminación “justificable”.
Plantea Monseñor Barrantes que puede darse discriminación cuando haya
una “justificación objetiva y razonable”. Aquí nos enfrentamos ante un
dilema importante. ¿Es la posición de la Iglesia objetiva y razonable,
cuando parte de su contenido viene de una Revelación? ¿Estamos los
costarricenses obligados a seguir la interpretación que la Iglesia
Católica da sobre la moral en todos los campos? ¿Es infalible la
Iglesia Católica en materia pastoral? La respuesta a las tres preguntas
anteriores es “no”. Lo curioso es que Monseñor Barrantes, a sabiendas
de que la posición de la Iglesia en relación con la homosexualidad NO es
apoyada por la Ciencia, ¡se atreve a calificar su posición como
“objetiva y razonable”! Esto implica que los diputados, si quieren
buscar un criterio “objetivo y razonable”, deberían echar mano de
fuentes que realmente sean objetivas y de aceptación global, como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguir la recomendación
de Monseñor Barrantes llevará a perpetuar una situación de
discriminación fundamentada en criterios subjetivos y arbitrarios, y por
ende, a propiciar una desigualdad que sí constituye una discriminación
que la Iglesia pareciera querer perpetuar.
3.
La permanencia
en la verdad. Argumenta
Monseñor Barrantes que es deber de los obispos asegurar que el pueblo
“permanezca en la verdad”. El problema aquí es que la verdad de los
hombres – incluidos los pastores de la Iglesia – es relativa. La misma
Iglesia ha cambiado en el transcurso de la historia su posición en
muchos campos, y por ende, ella misma es testigo de que la verdad no es
absoluta sino que evoluciona. La Iglesia ha mantenido una posición de
rechazo a la homosexualidad desde la Edad Media, cuando las condiciones
sociales y políticas, más que la historia de la misma Iglesia, llamaron
a hacerlo. A diferencia de esta posición que hoy sostiene la Iglesia,
la Iglesia de los primeros tiempos acogía en forma diferente a los
homosexuales e incluso bendecía sus uniones, como lo ha documentado John
Boswell en su libro “Same-Sex Unions in Premodern Europe”. Boswell
presenta más de una docena de diferentes ritos utilizados para consagrar
la unión de dos hombres o de dos mujeres. Destaca en la historia
primitiva de la Iglesia la figura de los santos Sergio y Baco, ambos
mártires de la Iglesia, que tuvieron una relación de pareja homosexual,
bendecida y reconocida en su tiempo (La Iglesia posteriormente ha
tratado por todos los medios de hacer ver su relación como de una
profunda hermandad, pero la evidencia documental no apoya esta
posición).
Ciertamente la verdad
evoluciona. Si nos basamos en argumentos bíblicos, hay mucho más
material para defender la esclavitud o la opresión de las mujeres que
para oponerse a la homosexualidad. El hecho es que la Iglesia, con el
tiempo, cambió su verdad sobre los esclavos y sobre la dignidad de la
mujer, pero aún no lo ha hecho en relación con la homosexualidad. Tal
vez en otra oportunidad podamos presentar una relectura de los textos
bíblicos que tocan este tema. Para efectos del tema de hoy, basta con
decir que, entre las muchas enfermedades que sanó Jesús, y entre los
muchos demonios que expulsó, no curó a ningún homosexual, ni expulsó
ningún demonio que se le parezca. ¿No será que no había nada que
curar? ¿No será que, contrario a lo que plantea Monseñor Barrantes, las
prácticas homosexuales no son un “acto objetivamente contrario al plan
de Dios para el ser humano”?
Lo cierto es que hay
otras interpretaciones de la Biblia sobre el supuesto pecado de la
homosexualidad. Muchas de estas han emanado de los mismos teólogos y
especialistas en Sagrada Escritura católicos. Ante estas posiciones, la
Iglesia Católica que dice propiciar la verdad, ¡los ha mandado a
callar! (Como ejemplo, John McNeill, jesuita, fue obligado a guardar
silencio y abstenerse de su ministerio con homosexuales tras su
publicación de su libro “La Iglesia y el homosexual”). Es claro que
mandar a callar no es la forma de encontrar la verdad que necesitan
nuestros tiempos. Y también es claro que el principio proclamado por
Jesús: “La verdad los hará libres” (Jn 8, 32) sigue vigente el día de
hoy. Lo que no resulta tan claro es que la Iglesia Católica,
representada en nuestro país por su Conferencia Episcopal, sea la fuente
de la verdad que necesitan nuestros diputados ante el tema de las
uniones entre homosexuales.
4.
El bien común
y las minorías.
Argumenta Monseñor Barrantes que la aprobación de las uniones entre
personas del mismo sexo constituiría “una grave injusticia” al
sacrificar el bien común y el derecho de la familia, y que las parejas
homosexuales pueden recurrir a otros mecanismos jurídicos para proteger
sus derechos. Aquí, de nuevo, se presenta la falacia de suponer que la
familia será perjudicada. Esto es un claro fantasma que no parece bien
intencionado. Ciertamente el bien común en nada se perjudica cuando se
otorgan derechos a una minoría que no los tiene. Ninguna de las
propuestas presentadas ante la Asamblea Legislativa modifica la
concepción del matrimonio ni de la familia tradicional. Esta sigue
vigente para el 90% de la población heterosexual que puede beneficiarse
de ella. El problema sí que lo tiene la minoría homosexual. Y
probablemente, Monseñor Barrantes no ha sido testigo de la gran cantidad
de injusticias que han padecido los homosexuales en nuestro país. Baste,
como ejemplo, referirnos a un sinnúmero de casos en que un homosexual no
ha podido visitar a su compañero enfermo en el hospital porque la
familia del compañero no se lo permite. Lamentablemente, buena parte
de la Iglesia (y de las iglesias) ha abandonado a los homosexuales, y no
conoce de los dolores de esta minoría.
Tomando en cuenta los
argumentos expuestos, hago un llamado a los señores diputados a legislar
con base en los principios universales de los derechos humanos, y a
asumir su responsabilidad de dotar de protección a una minoría
costarricense que los necesita. Y para aquellos diputados que profesan
su fe en Cristo, consideren, no lo que dice la jerarquía católica, sino
lo que habría hecho Jesús ante el pedido de protección de una
minoría.
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