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DEMOCRACIA A LA TICA
Por Abelardo Araya
En los últimos días se han presentado
eventos que reflejan síntomas de lo que podríamos denominar
discriminación institucionalizada y sistemática. Quiero referirme a
dos hechos concretos. Primero, a los protagonizados por agentes del
OIJ, quienes haciendo exaltaciones de homofobia fueron aprendidos
luego de desfogar amenazas y actos violentos contra gays y lesbianas
en los alrededores de un bar capitalino. Y, en segundo lugar, los
cuestionamientos que se hicieron en la prensa a los establecimientos
con patentes turísticas que atienden clientela gay y lésbica,
relacionando estos negocios con turismo sexual según una visión
estereotipada y, por lo tanto, falaz. Finalmente quiero referirme a
manifestaciones discriminatorias que abiertamente hacen personas que
tienen cargos importantes en la función pública.
Además existen en el día a día actos
constantes de homofobia, que gays, lesbianas, bisexuales y
transgéneros viven en Costa Rica. Estas expresiones de exclusión,
violencia y discriminación han sido la constante durante muchos años,
haciendo de la discriminación por orientación sexual una de carácter
histórico y universal.
Los síntomas homofóbicos expresados
reciente e históricamente resaltan, que hay sectores de la sociedad
que se oponen al reconocimiento de la diversidad y al avance
civilizatorio de propuestas societales con mayores criterios de
inclusión y diversidad.
Cabe preguntarse por qué si a pesar de que
la igualdad, la no discriminación y la vigencia de los derechos
humanos son principios rectores de la Constitución de la República,
aún siguen pendientes leyes que hagan valer esos principios para toda
la población sin distingos de ninguna especie, ¿Dónde está el debate
en materia de derechos sexuales y por orientación sexual? ¿Ignorar la
discusión sobre estos temas hará que se retarde la aplicación de una
concepción de diversidad y la tan anhelada igualdad para todas
las personas en nuestro país? La Constitución costarricense señala
claramente que el ejercicio de la ciudadanía comprende el goce de
todos los deberes, responsabilidades y derechos. Sin embargo, para
quienes se alejan del modelo socialmente impuesto pareciera que los
derechos quedan pendientes.
Hace mucho tiempo otros países iniciaron
el debate y reflexión y la formulación de propuestas, cosa que ha dado
resultados favorables para todas las personas. Quiero mencionar uno de
los más recientes logros internacionales en materia de derechos
humanos. El 30 de junio en España el
Congreso aprobó por amplia mayoría la reforma a la ley del código
civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este es
un hecho histórico que logra la admiración de amplios sectores de la
sociedad española y de la comunidad internacional. En Costa Rica nos
congratulamos por tales avances en materia de derechos. Esto demuestra
que los cambios son posibles cuando existe compromiso para llevarlos
adelante.
Esto se ha concretado después de décadas
enteras de discusión y reflexión, formulación de propuestas y campañas
de sensibilización aplicadas a nivel social. A diferencia de España,
en Costa Rica no hemos iniciado el debate sobre los derechos por
orientación sexual. Por otra parte, es importante señalar que al hacer
este paralelismo con España, no estamos abogando por el matrimonio de
manera específica, sino por la integralidad de derechos que lleven al
ejercicio de la ciudadanía plena. Aún cuando parezca contradictorio en
esta Costa Rica que presume de ser tan democrática, la ciudadanía es
aplicada y reconocida de forma flexible y arbitraria, dependiendo de
quién sea la persona involucrada.
Los temas de discriminación hacia la
comunidad GLBT, no han sido ampliamente levantados y menos han sido
objeto de análisis y debate. Esto denota atraso en el reconocimiento
de una ciudadanía plena, y al mismo tiempo dicta línea sobre el
trabajo que debemos emprender. Las manifestaciones de desinformación,
los mitos y prejuicios surgen lo mismo en el
sistema educativo que en los productos comunicacionales que
deberían ser parte de una propuesta de diversidad e inclusión.
En otros países donde el debate y el
proceso educativo correspondiente han sido profundizados a lo largo
del tiempo, se ha logrado que todos
los estamentos de la sociedad y las personas se comprometan de manera
paulatina con la erradicación de la discriminación y en la creación de
legislaciones que establezcan una igualdad efectiva.
La discriminación por orientación sexual se entrelaza con otras
creando dobles y múltiples formas de discriminación. De ahí la urgente
necesidad de que los grupos que luchan por la igualdad, tales como
afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, adultos/as
mayores, niños/as, jóvenes, mujeres, gays, lesbianas, bisexuales y
transgéneros, religiosos, organizaciones de derechos humanos, derechos
laborales, organizaciones políticas, instituciones del Estado entre
otros, intercambien, propongan y promuevan legislaciones que sancionen
las prácticas discriminatorias en Costa Rica.
Nuestro país no puede quedar al margen de
estos procesos. Más aún, es importante retomar propuestas
vanguardistas que diseñen, como lo mencioné anteriormente, mecanismos
que favorezcan la igualdad efectiva y real, la construcción de una
democracia participativa e inclusiva.
La proliferación de las prácticas
homófobicas pone de manifiesto el odio que subyace y carcome la
cultura en cuyo contexto convivimos. Resulta especialmente triste
comprobar que ese odio es promovido y ejercido desde instituciones que
se dicen democráticas y diseminado por propio sistema educativo.
Costa Rica no será una verdadera
democracia hasta tanto todas las personas no estén siendo participes,
en igualdad de condiciones, del ejercicio de una ciudadanía plena. La
discriminación –cualquiera sea el pretexto en que se apoye – es
negación de la propia democracia.
Como una forma de contribuir en el diseño
de una democracia mayormente participativa, el 20 de abril del
presente año, el Movimiento Diversidad hizo pública la Campaña
Ciudadanía GLBT: Un Voto por la Igualdad. Con esto se pretende,
en primera instancia, que la comunidad de gays, lesbianas,
bisexuales y Transgéneros ejerzan un voto informado en las próximas
elecciones presidenciales y legislativas. Asimismo se busca que
quienes aspiran a la presidencia de la República planteen propuestas
concretas encaminadas a la erradicación de la discriminación
-especialmente por orientación sexual- y se comprometan a llevar a
cabo dentro de sus programas de trabajo las acciones necesarias para
que podamos contar con una Costa Rica sin homofobia.
El debate inicia ahora. Tienen la palabra
los señores candidatos a la presidencia de la Republica. Urgen
propuestas concretas, viables y sostenidas, no medias tintas para
salvar el día. Al menos 250.000 electores aguardan conocer sobre qué
proponen para hacer de la nuestra una democracia participativa e
inclusiva. El reto no es fácil pero ya
no puede aguardar más.
Por último la propuesta del movimiento
Diversidad es una de derechos integrales, que comprende la urgente
necesidad de emprender un trabajo de sensibilización de la comunidad
GLBT y de la sociedad en general. Este es un proceso de debate y
estudio acerca de las problemáticas plateadas, y de exploración en
busca de las posibles soluciones. Procuramos cambios significativos en
pro de la igualdad, pero reconocemos y
subrayamos que para que esto sea posible se requiere llevar adelante
un trabajo que se proyecte a la sociedad en su conjunto. Buscamos el
reconocimiento de la Diversidad sea un hecho real y concreto, acorde
con la imagen de Costa Rica como un país cuyo principal producto de
exportación resulta ser justamente la democracia y la paz.
La discriminación implica manifestación
explícita de odio, por lo que conlleva un estado de extrema violencia,
solo comparable con la guerra. Las acciones discriminatorias son las
armas; los muertos los ponen los grupos discriminados. Y, por
supuesto, nadie se atrevería a negar que el odio no es un valor
familiar, social ni cristiano.
Hacemos un llamado al Estado y a las
diversas instituciones del sector público para que asuman su papel en
la sociedad sin discriminación de ninguna especie. Esto no puede
hacerse realidad sino es el contexto de un Estado laico, donde se
gobierne para todas las personas y se sancione a quienes, desde un
cargo público, manifiesten y realicen acciones discriminatorias.
A los diputados y diputadas para que
legislen a favor de toda la población y no con base en mitos y
prejuicios. Que tengan en cuenta que una parte importante de la
población en Costa Rica cotidianamente es víctima de prácticas
discriminatorias. Por lo tanto urgimos para que se instaure en la
Asamblea Legislativa la Comisión de Derechos Humanos.
Instamos al Poder Judicial para que la
justicia en nuestro país sea aplicada de manera ágil y objetiva, sin
que se vea interferida y distorsionada por estereotipo, mitos y
prejuicios que tienen consecuencias de discriminación.
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